Albores de las relaciones entre Estado, Sociedad y Educación en Argentina


A partir la consolidación del Estado moderno argentino se produjo el cambio de una sociedad tradicional hacia una sociedad moderna. A partir de 1853, año en que quedó instaurada la Constitución Nacional argentina, el Estado se propuso modernizar la nación bajo el lema de “orden y progreso”. Para ello debía expandir las líneas férreas hacia los territorios más alejados del centro capitalino, poblar la nación de intelectuales europeos y norteamericanos , crear la idea de pertenencia ciudadana y “asegurar condiciones de estabilidad política y seguridad jurídica” (García Delgado, 1994, p.45). 
    Este nuevo Estado liberal que surge en America Latina, tiene como base insertar un modelo educativo con fuertes componentes político -culturales. Mediante la enseñanza “se tendió a formar un tipo de hombre apto para cumplir papeles políticos, excluyendo otros objetivos, tales como el de formar un hombre apto para las actividades productivas” (Tedesco, 1993, p.65). En este sentido, el Estado argentino dejó que cada provincia se hiciera cargo de la enseñanza primaria dentro de su propia jurisdicción, creando instituciones en territorios provinciales. Esto significaba que la educación primaria era una responsabilidad de los gobiernos provinciales. Así lo demuestra el artículo 5° de la Constitución previamente citado. 

Con un criterio íntegramente elitista, se crearon colegios nacionales en varias capitales de provincias, lo cual llevó a cuestionar esta enseñanza polarizada y proponer un cambio en el sistema educativo. En 1884, luego de intensos debates sobre que hacer con el sistema educativo, se sanciona la Ley 1.420 o también llamada Ley de Educación Común. Esta ley instituye un verdadero código, prescribiendo desde aspectos generales como la obligatoriedad, la gratuidad, la duración de la escolarización, hasta la higiene de los edificios, las bases curriculares, regulaciones sobre la formación de maestros, etc. A partir de la sanción de esta nueva ley, cambiaron los rumbos en el sistema educativo. La educación pasó a tener un rol con aspiraciones económicas, con el fin de expandir la economía hacia los horizontes del mercado internacional. El Estado estableció sus bases de una política educativa orientadas por principios económicos, basada en la enseñanza de habilidades para la agricultura. En palabras de Delgado, este período puede verse desde dos perspectivas: una de ellas es la modernizadora, “destacado como una etapa de crecimiento y ascenso en el concierto mundial y, desde una perspectiva democrática, fue criticado por su carácter elitista y autoritario” (García Delgado, 1994, p.46). 
En 1916, el régimen político pasa de Estado liberal hacia un Estado liberal – oligárquico, alcanzando una democracia ampliada protagonizada por las capas medias de la sociedad. Si bien mediante la Ley 1.420 pretendió la incorporación al sistema educativo de sectores excluidos, la educación seguía en manos del sector hegemónico. Podría pensarse en una doble función económica de la educación, por un lado se pretendía seguir consolidando la hegemonía oligárquica con miras a monopolizar la administración pública, y por otro lado; afianzar el modelo de acumulación agroexportador. Si bien este Estado liberal – oligárquico apuntaba a expandir el progreso económico que se venía sucediendo en años anteriores, no tuvo en cuenta que el acceso a la educación de los sectores medios trajo como consecuencia una puja por la participación de estos dentro de la política pública. En lo que se refiere a esto, Filmus argumenta que “si bien el acceso al sistema educativo no les permitió a los sectores medios una movilidad social automática, sí les posibilitó contar con mejores elementos para potenciar su demanda por la integración social y política plena” (Filmus, 1994, p.20).
Con la caída del mercado capitalista en los años ´30, las demandas de la sociedad para una mayor participación política, la crisis interior del partido radical derivó en la debilitación de la oligarquía y adquirió fuerzas la creciente Fuerza Armadas. Como afirma Delgado, estos sucesos “van a construir el punto de inflexión entre dos tipos de Estado: el liberal y el social” (García Delgado, p.47), y junto con este cambio de estado, ocasionando un nuevo modelo de acumulación, este ya no apuntaba al sector agropecuario sino más bien inscribía al sector industrial. El Estado benefactor  asume una nueva lógica de mercado, aplicando el modelo keynesiano “entendido como la intervención activa del Estado en la economía argentina” (Filmus, p.23), es decir, con un fuerte aspecto intervencionista. Surgieron así dos nuevos actores, los trabajadores que brindaban la “mano de obra para satisfacer las demandas de la surgiente industria” (Filmus, p.24) y el sector empresarial industrial. 
    En el plano educativo, predomina la lógica económica, se pretendía formar al ciudadano para el trabajo. De ahí que la educación fue vista como una inversión y ya no como un gasto, a diferencia del Estado liberal – oligárquico. En otras palabras, “la ‘formación del ciudadano’ fue reemplazada paulatinamente por la idea de ‘formación para el trabajo’” (Filmus, p.24). Durante el primero gobierno de Perón, se expandió la matrícula educativa, se atendió la enseñanza técnica para formar profesionalmente a los alumnos. La educación fue uno de los canales a través de los cuales avanzó la acción del estado peronista, la búsqueda de una unanimidad, mediante el apoyo de los trabajadores, el carisma de los líderes y, crecientemente, los recortes a la libertad política y la censura de los disensos. 
   Luego del derrocamiento de Perón, se produce un cambio de régimen político, “pero la intervención del Estado en el desarrollo continua” (García Delgado, p.51), surge “un sub-tipo de Estado benefactor” (Filmus, p.26): el Estado desarrollista. Se presenta un cambio en “el proceso de industrialización (…), entre sus características principales, la atracción de capitales extranjeros, la modernización tecnológica” (Tedesco citado en Braslavsky, 1980, p.281) que requieren una mayor especialización técnica de los trabajadores. Si bien continua la idea de ver la educación como una inversión a largo plazo, los sectores más desfavorecidos sufren una exclusión dentro del sistema educativo debido al empeño del Estado de brindar una educación privada. Filmus, frente a esta paradoja, sostiene que:
“en la formulación de discursos modernizantes y tecnocráticos en torno a la universalización y el papel de la educación en el crecimiento; y políticas a través de las cuales el Estado comenzó a desentenderse crecientemente de la distribución social de conocimientos a través de la escuela” (Filmus, 1994, p.56).
Varios autores como García Delgado y Filmus refieren que durante la década del ´60, los gobiernos militares procedieron hacia una “fase burocrático-autoritaria del Estado social” (García Delgado, p.51). Llegada a esta instancia, se puede dar cuenta de una situación paradojal que sucede en esta época. Por un lado se incrementa la demanda de la matricula escolar y se pretende seguir con el crecimiento del modelo de productividad, pero debido a los problemas económicos del país, el congelamiento de los salarios, las privatizaciones, la poca inversión en el sistema educativo, entre otros factores, conllevan al deterioro del sistema educativo. Un claro ejemplo de esto es la denominada ‘noche de los bastones largos’, perseguidos por sus ideologías, en varios docentes universitarios, los cuales debieron buscar asilo en el extranjero.
El Estado burocrático autoritario no puede mantenerse estable frente a la “crisis de legitimidad con que surge y se verá confrontado a una nueva ola de movilización social” (García Delgado, p.52). Esta movilización pedía un nuevo cambio del Estado en el marco de políticas económicas y sociales que brindaran la apertura al mercado internacional, dejando atrás el modelo económico de sustitución  por importaciones centrado en el mercado interno para pasar a un modelo capitalista, con miras al mercado globalizado. Durante la década del ´70 hasta fines de los ´80, se sucedieron gobiernos militares y democráticos, cuya característica dentro del plano educativo, fue mayoritariamente de carácter político. A grandes rasgos, se podría decir que “en la Argentina (…), el conjunto de los gobiernos que condujeron el Estado en ese periodo priorizó la función política de la educación en detrimento de su papel económico” (Filmus, p.30). 

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